El 8 de agosto de 2026, un juez penal en Santa Cruz dictó una medida de detención preventiva por 180 días contra siete personas detenidas, bajo la sospecha de su participación en el asesinato del subteniente Yerson Salazar. El crimen ocurrió en el municipio de San Matías, un área fronteriza del país.
Los aprehendidos enfrentan cargos por asesinato, organización criminal y tenencia ilegal de armas de fuego, tras la presentación de una imputación formal por parte del Ministerio Público, según información de fuentes judiciales.
La detención de estos individuos se produjo durante un operativo de inteligencia que involucró a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN). Entre los detenidos hay tres ciudadanos brasileños: Gustavo Martín Slobato, Gabriel González Mineiro y Arnaldo Morandín Junior, así como cuatro bolivianos: José Abrams Rivera, Teófilo Javier Alba, Rosa María Paniagua y Juan Silvestre Limpias.
Todos ellos están bajo investigación por su presunta implicación en la muerte del subteniente Salazar, quien fue reportado como desaparecido y hallado dos días después en una pista clandestina, con signos de haber sido parcialmente incinerado. Este sitio es sospechoso de ser utilizado para actividades relacionadas con el tráfico de drogas hacia Brasil.
Las autoridades también están analizando posibles conexiones entre los aprehendidos y organizaciones de narcotráfico internacional, así como con la red vinculada al narcotraficante Sebastián Marset. Estas relaciones deberán ser esclarecidas en el transcurso de las investigaciones.
Además, se informó que en un operativo realizado el viernes, cuatro bolivianos perdieron la vida durante un enfrentamiento armado con la Policía Militar de Brasil, que se produjo durante un intento de fuga dirigido por José Mariano Paz Chávez, alias 'Piña', quien también está siendo investigado en relación con el caso del subteniente Salazar.
Mientras el país conmemoraba sus fiestas patrias, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, junto a la Policía Departamental de Santa Cruz, anunció la detención de los siete sospechosos y el decomiso de armamento pesado que, según las autoridades, se habría utilizado para hacer frente a la Policía Boliviana en la región fronteriza. Con esta resolución judicial, los detenidos permanecerán en prisión preventiva mientras avance la investigación sobre su implicación en el asesinato y su posible vinculación con organizaciones criminales que operan en la frontera.