Una expolicía bonaerense, Griselda Inés Ortiz, de 45 años, fue detenida en el partido de Tigre, lo que ha llevado a las autoridades argentinas a indagar sobre una red que podría estar reclutando a exmilitares y expolicías para unirse a la guerra en Ucrania.
La investigación está a cargo de la Justicia Federal de Argentina y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), quienes analizan la posible comisión de delitos relacionados con la trata de personas con fines de explotación laboral en un contexto de conflicto armado.
Los indicios apuntan a que la organización buscaba principalmente hombres jóvenes con antecedentes en las fuerzas armadas o policiales y destrezas en el uso de armamento, captándolos a través de redes sociales y medios digitales, donde ofrecían sueldos que oscilaban entre 1.000 y 3.000 dólares mensuales, dependiendo del tipo de actividad y el lugar de destino.
Los reclutados, según la investigación, recibían billetes de avión hacia Ucrania y eran instruidos sobre qué información proporcionar al pasar por los controles migratorios. Sin embargo, al llegar, se encontraban en situaciones precarias, con problemas para regresar y presionados para firmar contratos redactados en ucraniano, un idioma que no entendían.
El caso tomó impulso cuando cuatro hombres fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde despertaron sospechas al no poder justificar quién había pagado sus pasajes, ni contar con fondos para su manutención durante el viaje. Durante las pesquisas, los hombres admitieron que habían sido contactados por plataformas digitales para viajar al extranjero y participar en la guerra.
Además de la detención de Ortiz, su pareja, un exintegrante de la Policía Federal Argentina, es buscado por las autoridades, ya que se presume que huyó hacia Brasil antes de los allanamientos realizados en relación a esta red.
El caso también ha suscitado un debate en el Congreso argentino, donde se discute la necesidad de legislar específicamente sobre el reclutamiento de mercenarios para conflictos en el extranjero. Después de la detención de Ortiz, se presentó un proyecto de ley para tipificar esta conducta como un delito dentro del Código Penal, buscando establecer penas para quienes recluten, financien o faciliten la participación de personas en fuerzas mercenarias extranjeras, especialmente en situaciones de engaño o vulnerabilidad.