La Defensoría del Pueblo de Bolivia ha puesto en marcha un monitoreo exhaustivo debido a las amenazas de muerte que ha recibido Javier Fernández, presidente de la Central Indígena de los Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (Cipoap). Estas amenazas son consecuencia de su firme oposición a la minería ilegal en el río Madre de Dios, un espacio de vital importancia para la biodiversidad de la región.
En un comunicado, la Defensoría se comprometió a llevar a cabo una vigilancia rigurosa sobre la actuación de diversas instituciones, incluyendo la Fiscalía General del Estado, la Policía Boliviana y los ministerios competentes, con el fin de identificar a los responsables de estas amenazas. La institución solicitó a las autoridades actuar con rapidez para garantizar la protección de Fernández.
La Defensoría también ha demandado que se aseguren las condiciones necesarias para que Javier Fernández pueda continuar su labor, que incluye la denuncia de la extracción ilegal de oro y la promoción de la eliminación de las balsas utilizadas en dicha actividad. La Central Indígena de Pueblos del Oriente (Cidob) ha señalado que las amenazas que recibe Fernández están vinculadas a una acción ambiental que busca proteger a las comunidades afectadas por la minería en el área.
El Tribunal Agroambiental, en diciembre de 2025, dictó una medida precautoria que ordena la suspensión inmediata de la minería ilegal en el río Madre de Dios, así como la paralización de concesiones mineras que no cuenten con procesos de consulta previa. La Defensoría del Pueblo destacó esta resolución como un avance en la defensa de los derechos indígenas.
A raíz del incumplimiento del Estado respecto a estas decisiones judiciales, el Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II) ha decidido llevar a cabo un control territorial. Fernández anunció que los cinco pueblos originarios de la Amazonía de Pando están adoptando medidas para proteger su territorio frente a los mineros cooperativistas que operan en la región.
Recientemente, Fernández fue citado por la Fiscalía de Pando para que presente evidencias sobre la contaminación del río Madre de Dios por mercurio, utilizado en la minería del oro. La Defensoría del Pueblo ha manifestado su intención de mantener un monitoreo constante para asegurar el respeto a los derechos humanos y la protección de quienes defienden la Amazonía.
La Defensoría expresó su profunda preocupación por las amenazas de muerte que ha recibido Fernández, así como por los intentos de intimidación hacia él y su familia. Además, recordó que la labor de los dirigentes indígenas es crucial para la defensa del patrimonio natural de la Amazonía y el ejercicio de los derechos colectivos.
El Estado boliviano tiene el deber de garantizar un entorno seguro, según lo establece la Ley N.º 1182, ratificada el 4 de junio de 2019, que obliga a adoptar medidas adecuadas para prevenir y sancionar ataques contra defensores de los derechos humanos en cuestiones ambientales. La Defensoría del Pueblo seguirá vigilando la respuesta estatal ante las agresiones a los defensores del medio ambiente en la Amazonía boliviana.