La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se reunirá hoy para evaluar la situación del fiscal general, Róger Mariaca, quien fue aprehendido el pasado miércoles en el aeropuerto de Viru Viru. Este acontecimiento ha generado inquietudes sobre la forma en que se manejó su reemplazo y quién tiene la autoridad para decidir sobre una eventual suplencia en el Ministerio Público.
La sesión ha sido adelantada a las 9:30 por el presidente del Senado, Diego Ávila, quien ocupa temporalmente la presidencia de la Asamblea debido al viaje del vicepresidente Edmand Lara a Europa. Uno de los temas centrales del debate será la situación de Luis Montaño, quien tomó el cargo tras la aprehensión de Mariaca.
Varios legisladores han expresado su preocupación acerca de la legalidad del relevo de Montaño, argumentando que su nombramiento no cuenta con una resolución expresa de la ALP. El diputado Manolo Rojas, quien preside la Comisión de Justicia Plural, indicó que la Ley 260 detalla las causas para la cesación del fiscal general y que cualquier procedimiento relacionado con su suplencia debe ser manejado por la Asamblea.
Rojas también subrayó que no hay una acusación formal en contra de Mariaca, por lo que cuestionó el hecho de que Montaño haya asumido el cargo sin una decisión legislativa previa. La diputada Lissa Claros se unió a este planteamiento, resaltando que la Asamblea debe determinar si corresponde una suplencia temporal o definitiva, basándose en la situación jurídica de Mariaca.
Mientras tanto, Mariaca está a la espera de la resolución de una acción de libertad que fue presentada contra el presidente Rodrigo Paz y otras autoridades, junto con los fiscales Alberto Zeballos y Martín Irusta. El abogado penalista Joadel Bravo aclaró que, debido a su posición, Mariaca está sometido a un régimen especial, según lo establece la Ley 044, que regula los juicios de responsabilidades para altas autoridades del Ministerio Público.
Este procedimiento incluye una etapa de investigación y acusación en la Cámara de Diputados, y si esta es aprobada, la autoridad quedará suspendida mientras el Senado actúa como tribunal de sentencia. Adicionalmente, la Ley 612 señala que la aprobación de la acusación dará lugar a la suspensión del cargo, con un juicio posterior que determinará la posible responsabilidad del acusado.
Finalmente, la Ley 260 establece que, en caso de destitución, la ALP será la encargada de procesar la suplencia a favor de un fiscal departamental, lo que añade más complejidad a la situación actual de la Fiscalía General del Estado.