Omar Rilver Velasco Portillo, analista en temas económicos, ha expresado su preocupación respecto al nuevo proyecto de Ley de Inversiones propuesto por el Gobierno. Él señala seis puntos críticos que, a su juicio, podrían generar confusión y contradicciones en su aplicación.
Uno de los principales aspectos que destaca Velasco es la creación de la Agencia Nacional de Inversiones (ANI). Cuestiona el significado de esta nueva entidad, sobre todo en relación con el plazo de 120 días que se ha dado para elaborar el Plan de Inversiones, y se pregunta cuáles serán sus funciones en ese periodo inicial.
Otro tema de preocupación son los incentivos ofrecidos a las empresas transnacionales, ya que el analista considera que la normativa no incluye requisitos mínimos en cuanto a la inversión, la creación de empleo, la transferencia de tecnología ni el retorno de divisas al país, lo que podría comprometer la economía nacional.
También subraya las exenciones fiscales que se están planteando, como los beneficios en el IVA y el Gravamen Arancelario, así como los créditos tributarios sobre el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE). Según Velasco, estas medidas podrían resultar en una disminución de los ingresos fiscales sin que existan mecanismos claros para compensar dicha pérdida.
Velasco también advierte sobre el riesgo que implica que las empresas extranjeras puedan transferir utilidades y dividendos al exterior. A su juicio, el proyecto no establece criterios mínimos para la reinversión en Bolivia ni garantiza el retorno de divisas provenientes de exportaciones.
Por último, el analista critica la participación de la Asamblea Legislativa en los contratos de inversión. Argumenta que la norma sugiere una ratificación de estos contratos negociados por el Ejecutivo, lo cual contraviene las atribuciones constitucionales que corresponden a la Asamblea en cuanto a los contratos del Estado.
Además, Velasco resalta que el proyecto permitiría al Gobierno destinar recursos públicos para financiar programas de crédito, garantías y coinversión en el sector privado, un aspecto que considera problemático, especialmente en un contexto de déficit fiscal en el país.