Recientemente, la publicación Nova Press Bolivia ha sacado a la luz una serie de denuncias sobre supuestas irregularidades y designaciones polémicas en la Contraloría General del Estado (CGE). Estas acusaciones se enmarcan en la administración interina de Sandra Quiroga Solano, quien fue nombrada por el presidente Rodrigo Paz a través del Decreto Supremo 5538 el 3 de febrero de 2026.
Entre las principales inquietudes se encuentra la selección de Patricia Elizabeth Arandia Quiroga como subcontralora de Servicios Legales. Los denunciantes han expresado reservas respecto a su experiencia, afirmando que su trayectoria se limita a funciones administrativas, lo que podría no cumplir con los requisitos técnicos del cargo. Además, se señala una posible relación personal con Rubén Darío Cardozo Marañón, quien fue subcontralor general y ahora se desempeña en el Ministerio de Gobierno. Sin embargo, estas afirmaciones no constituyen una prueba concluyente de nepotismo.
Otra de las denuncias gira en torno al uso del sistema informático CONTROLEG, el cual se encarga de registrar procesos judiciales y auditorías. Algunos funcionarios han señalado que este sistema pudo haber sido manipulado para eliminar registros de procesos relacionados con Rodrigo Paz, lo que podría haber influido en su habilitación como candidato presidencial en 2025. No obstante, la publicación no presenta evidencia judicial que respalde estas acusaciones.
Los denunciantes también han expresado su preocupación por la gestión de Cardozo al frente de la Contraloría, alegando fallos en la administración de sistemas informáticos y en convenios académicos. Asimismo, se argumenta que varios funcionarios de la anterior administración han sido trasladados a otras instituciones, incluyendo el Ministerio de Gobierno, lo que ha despertado dudas sobre la existencia de vínculos políticos en dichas designaciones.
Hasta el momento, las acusaciones divulgadas por Nova Press carecen de confirmación judicial. La Contraloría ha informado que Quiroga fue nombrada interinamente con el objetivo de mantener la continuidad institucional hasta que la Asamblea Legislativa designe a una autoridad definitiva. Será responsabilidad de las instancias competentes investigar las denuncias y determinar si ha habido irregularidades.