El economista boliviano Martín Moreira, integrante de la Red Boliviana de Economía Política, ha expresado su preocupación respecto al proyecto de Ley de Inversiones presentado por el Gobierno ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Según Moreira, los aspectos relacionados con la estabilidad jurídica, los incentivos tributarios y el arbitraje internacional podrían tener repercusiones negativas para la regulación estatal.
Moreira enfatiza que, si bien es necesario atraer inversiones tanto nacionales como internacionales para impulsar el crecimiento económico, generar empleo y enfrentar la crisis de divisas, es fundamental que tales inversiones vengan acompañadas de obligaciones que aseguren que una fracción significativa de las ganancias obtenidas permanezca en Bolivia.
El proyecto de ley, que consta de 103 artículos, plantea otorgar garantías a los inversionistas antes de establecer nuevas normativas para sectores que son considerados estratégicos, como la minería, los hidrocarburos, el litio, los recursos evaporíticos y la energía. Moreira advierte que este enfoque podría limitar la capacidad de negociación del Estado en áreas esenciales para el desarrollo del país.
Adicionalmente, el economista señala que las disposiciones sobre estabilidad jurídica a largo plazo y los mecanismos de arbitraje internacional deben ser revisados, ya que las garantías ofrecidas a los inversionistas no deberían restringir la capacidad del Estado de modificar políticas tributarias, ambientales o regulatorias en respuesta a nuevas necesidades del país.
En cuanto a los incentivos fiscales propuestos, Moreira sugiere que se evalúe el impacto en la recaudación estatal y los beneficios concretos que se derivarían de ello, tales como la creación de empleo, la transferencia de tecnología, el aumento de exportaciones y el desarrollo productivo.
Finalmente, el economista concluyó que la Ley de Inversiones debería enfocarse en favorecer proyectos que generen empleo formal, promuevan la tecnología local, apoyen a proveedores nacionales y añadan valor a los recursos naturales, además de garantizar la protección de estos recursos y prevenir que la llegada de inversiones resulte en una rápida transferencia de activos públicos.