La senadora Ana María Crispín, representante del Partido Demócrata Cristiano (PDC), ha manifestado que las nuevas políticas económicas deben ser evaluadas a través de su impacto en la economía de las familias en Bolivia. Su declaración surge en medio de la controversia generada por el reciente aumento en el precio del diésel y las medidas adoptadas por el Gobierno.
Crispín ha cuestionado en ocasiones anteriores las decisiones relacionadas con la regulación de combustibles. En julio, cuando el precio del diésel se mantenía en Bs 9,80 por litro, solicitó un informe al Ministerio de Hidrocarburos y al Ministerio de Economía sobre el costo real de la subvención, sugiriendo a las familias la necesidad de planificar y reducir gastos ante la inestabilidad en el abastecimiento.
Tras el aumento conocido como "dieselazo", la senadora expresó su desacuerdo con la forma en que se implementó el incremento, señalando la falta de una socialización adecuada. Alertó que este aumento podría repercutir en el transporte, la logística y, en consecuencia, en los precios de los productos, afectando directamente a los hogares bolivianos.
El Decreto Supremo 5716 estableció un nuevo precio del diésel en Bs 17,95 por litro, modificando el esquema de subvención anterior. Esta decisión ha generado protestas entre los transportistas y otros sectores, quienes advierten sobre un aumento significativo en sus costos y las potenciales repercusiones en las tarifas y los precios de los productos.
Así, el debate en torno a estas nuevas medidas económicas se centra en qué parte de este ajuste será asumido por las familias. Crispín sostiene que el efecto sobre el "bolsillo" de los hogares debería ser un aspecto clave a considerar en las decisiones económicas del Gobierno.