El presidente de Chile, José Antonio Kast, expresó que no existe justificación alguna que permita a un agresor salir de la prisión antes de cumplir su condena, reconociendo así un "error" en la decisión de su gobierno de reducir las penas de 56 condenados, la mayoría por abusos sexuales contra menores.
Kast realizó estas declaraciones durante un mensaje transmitido por televisión desde La Moneda, en el que también mencionó que este error ha causado la peor crisis política desde que asumió el cargo hace siete meses. A pesar de la presión para destituir al ministro de Justicia, Fernando Rabat, responsable de los decretos, el presidente decidió mantenerlo en su puesto.
Los decretos que beneficiaron a los condenados fueron firmados entre marzo y septiembre de este año, y se dio a conocer que al menos dos de los beneficiados habían sido condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Pese a que una ley aprobada en 2022 excluye a los pederastas de estos beneficios, Rabat argumentó que los condenados habían sido sentenciados antes de la entrada en vigor de la norma, lo que les permitió acceder a la rebaja de penas. Sin embargo, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, contradijo al ministro al señalar que él fue quien firmó los decretos.
Las medidas han suscitado una fuerte ola de críticas hacia el gobierno, especialmente por parte de organizaciones de derechos humanos y de la oposición. Según una reciente encuesta, un 66% de la población desaprueba la gestión de Kast, y un 92% está en contra de la rebaja de penas otorgada a los condenados.
A pesar de la crisis generada, Kast optó por no destituir al ministro, afirmando que su decisión busca corregir el error y evitar que una situación como esta vuelva a repetirse. Además, anuncio que presentará un proyecto de ley al Congreso para cerrar el vacío legal que permitió estas rebajas de penas.
El subsecretario de Gobierno, Gonzalo Arenas, reconoció que el gobierno está "en deuda" con las víctimas y se comprometió a trabajar para revertir las medidas. Sin embargo, expertos legales han puesto en duda la posibilidad de anular las rebajas, dado que el principio de no retroactividad de la ley podría dificultar la revocación de los beneficios concedidos.