En medio de un clima de creciente tensión social en Bolivia, el periodista y analista Andrés Gómez ha expresado que Rodrigo Paz ha visto cómo su autoridad y confianza se desvanecen, un problema que va más allá de la crisis económica que atraviesa el país. Este escenario conflictivo se agrava a pesar de la implementación de un Estado de excepción, lo que debería ser motivo de preocupación para el Gobierno.
Gómez argumenta que la administración de Paz enfrenta dos tiempos distintos: el económico y el político, los cuales condicionan sus acciones para atender la crisis y mitigar las protestas. El descontento ciudadano se intensifica en medio de demandas insatisfechas, a las que se suma la controversia sobre los precios diferenciados del diésel, la depreciación de la moneda, la inflación y la disminución del consumo.
Según el analista, el bloqueo que se produjo durante 53 días en mayo y junio, liderado por el sector campesino, ha evolucionado y ahora hay una unión entre diversos actores políticos y sectores sociales. Esta convergencia incluye a empresarios y clases medias, todos unidos por la crisis económica y la falta de combustibles.
Recientemente, pequeños productores han iniciado movilizaciones para exigir la derogación del decreto que establece un nuevo régimen para grandes consumidores de diésel, una demanda que el Gobierno ha rechazado durante las negociaciones con los manifestantes. A pesar de que las protestas en Santa Cruz han cesado, persisten las advertencias de que podrían reanudarse en el futuro cercano.
Gómez advierte que esta unión entre los distintos sectores podría generar una crisis de gobernabilidad, a pesar de que no existe una coordinación formal. "Políticamente, están avanzando en la misma dirección, lo que podría ser motivo de preocupación para el Gobierno", señaló. El analista también destacó que la administración podría intentar deslegitimar estas movilizaciones, acusando a fuerzas externas de intentar desestabilizar el país.
En respuesta a la crisis, Rodrigo Paz ha manifestado su disposición a impulsar reformas constitucionales y un paquete de leyes para estabilizar la economía. Sin embargo, el camino hacia la implementación de estas medidas se presenta complejo y requiere de negociaciones en el Legislativo con otras fuerzas políticas.
A pesar de la caída en la popularidad del presidente y el vicepresidente, Gómez sugiere que existen problemas que podrían solucionarse sin necesidad de pasar por reformas, como el tema de la subvención de hidrocarburos. Hasta ahora, el Gobierno no ha logrado implementar correctamente el nuevo decreto sobre el precio del diésel, lo que sigue alimentando el descontento social.