Marco Antonio Oviedo, Ministro de Gobierno, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica debido a la creciente crisis de seguridad que afecta a Bolivia. En mayo, tras una serie de homicidios en Santa Cruz, anunció el Plan Halcón, prometiendo una "lucha sin cuartel" contra la delincuencia organizada. Sin embargo, cuatro meses después, admite que el país enfrenta una "ola de sicariatos".
El 6 de mayo, Oviedo presentó el Plan Halcón, que contempla una colaboración estrecha entre la Policía, las Fuerzas Armadas y distintas instituciones para combatir el crimen organizado. En esa ocasión, destacó que Santa Cruz era el "epicentro" de los crímenes más graves y aseguró que el gobierno no cesaría en su empeño por erradicar estos actos violentos.
A pesar de estas promesas, la violencia se ha intensificado. Desde la captura y extradición de Sebastián Marset, se registraron más de diez casos de sicariato en diferentes departamentos, incluyendo Santa Cruz, Tarija y Cochabamba. Uno de los crímenes más notorios fue el asesinato del magistrado del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, que evidenció la influencia de los grupos criminales.
El 2 de septiembre, Oviedo reconoció públicamente que Bolivia atraviesa una "ola de sicariatos", anunciando además la creación de unidades de combate al crimen en la frontera con Brasil y una mayor cooperación con países vecinos en cuestiones de seguridad.
Las estadísticas reflejan la seriedad del problema: hasta el 3 de septiembre, se habían reportado 46 muertes en 37 ataques de características similares a ejecuciones o sicariatos. A pesar de las advertencias, las autoridades subrayan que no todos los incidentes están relacionados con el narcotráfico, sugiriendo disputas entre organizaciones criminales en la lucha por el control de rutas hacia Brasil.
Las declaraciones de Oviedo han suscitado preguntas sobre su gestión. Mientras en mayo prometía una ofensiva contra el sicariato a través del Plan Halcón, cuatro meses después se ve obligado a admitir que la situación sigue empeorando. La discusión ahora se centra no solo en las causas de cada homicidio, sino también en la eficacia de las medidas adoptadas por el Gobierno.
Además, Oviedo ha atribuido muchos de los problemas actuales a una situación heredada de administraciones anteriores, indicando que los recientes crímenes son el resultado de dos décadas de avance del narcotráfico en el país y afirmando que Bolivia ha sido "perforada" por estas estructuras criminales.
La gran interrogante que surge es: si el Gobierno tenía conocimiento desde mayo de la escalada del sicariato en Santa Cruz y lanzó un plan para contenerlo, ¿por qué ahora, cuatro meses después, el propio ministro debe reconocer que esta ola de violencia continúa vigente?