La situación de crisis en Bolivia se agrava con la declaración de emergencia por parte de la Confederación del Transporte Libre, que ha dado un ultimátum de 48 horas al Gobierno para que actúe ante el desabastecimiento de diésel. Este sector anunció la posibilidad de implementar medidas de presión que podrían incluir bloqueos en las principales vías del país si no se encuentran soluciones rápidas.
Los transportistas han informado que la escasez de combustible ha reducido su capacidad operativa hasta en un 50%, lo que ha generado importantes pérdidas económicas y ha dificultado la prestación de sus servicios habituales. Además, han planteado la necesidad de realizar un mantenimiento urgente de las carreteras y la apertura del mercado del seguro obligatorio para accidentes de tránsito, así como el cumplimiento de compromisos previos por parte del Gobierno.
La preocupación también se extiende hacia la posibilidad de que se eliminen las subvenciones a los combustibles, una medida vinculada a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que se implementaría en los primeros meses de 2027. Los líderes del sector de transporte han advertido que un aumento en los precios de los combustibles provocaría un inmediato ajuste en las tarifas del transporte a nivel nacional.
Junto a los transportistas, el magisterio urbano se unirá a las protestas el 15 de septiembre, convocando a una Gran Marcha Nacional de Cacerolas Vacías. La Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia ha solicitado la participación de sus 31 federaciones para manifestar su rechazo a las políticas del Gobierno, que consideran perjudiciales en áreas económicas, sociales y educativas.
- Abastecimiento de carburantes
- Incremento salarial
- Recuperación del poder adquisitivo
- Abrogación de los decretos supremos 5676, 5563 y 5654
El escenario actual muestra cómo tanto transportistas como maestros se movilizan en un contexto de creciente presión social, buscando respuestas ante el deterioro de sus condiciones laborales y el impacto de la crisis de suministros en sus actividades diarias.
La crisis del diésel y las protestas conjuntas de estos sectores evidencian un malestar generalizado en la población, lo que podría llevar a un aumento de la tensión social en el país si el Gobierno no logra abordar las inquietudes planteadas por estos grupos.