Recientemente, el Ministro Gabriel Espinoza se encuentra en el centro de una controversia tras ser acusado de incurrir en varios delitos relacionados con la administración pública. Estas acusaciones giran en torno a la subvaluación de un bien en un documento de transferencia, así como a la omisión de bienes en su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, lo que podría constituir un caso de evasión fiscal.
Según la legislación boliviana, especialmente el Código Penal y la Ley N° 004 (Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz), estas acciones podrían ser clasificadas como varios delitos. Uno de los más relevantes es la falsedad en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, en la que un servidor público está obligado a presentar datos verídicos sobre su situación económica y patrimonial. En este caso, la omisión de un vehículo y la presentación de un patrimonio que no refleja la realidad son elementos que podrían tipificarse como este delito.
Además, se le atribuye potencialmente la falsedad ideológica y el uso de documentos falsificados, dado que en un acta notarial se registró un precio significativamente menor al valor de mercado de un bien, lo que podría afectar a los intereses fiscales del Estado.
Asimismo, se han presentado indicios de delitos tributarios, donde la subvaluación intencionada de bienes en transacciones pretende evadir impuestos. Declarar un costo muy inferior al real para la transferencia de un bien no solo afecta al Estado, sino que también conlleva importantes consecuencias legales para el funcionario involucrado.
Por último, se halla en curso una indagación sobre enriquecimiento ilícito, dado que existe una discrepancia notable entre el patrimonio declarado por Espinoza y sus ingresos legítimos. La adquisición de un vehículo de lujo, cuyo costo es desproporcionado respecto a su salario como funcionario, ha activado controles por parte de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para determinar la procedencia de los fondos utilizados en dicha compra.