Las movilizaciones que sectores afines a Evo Morales han anunciado han despertado cuestionamientos, especialmente por parte de Guadalupe Cárdenas, ex representante de las esposas de policías. Esto ocurre en un momento en que el estado de excepción se mantiene y el Gobierno advierte sobre la posibilidad de bloqueos que interrumpan la circulación y el abastecimiento.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, comunicó que las investigaciones han revelado indicios acerca de los recursos que podrían haber financiado los 53 días de bloqueos que tuvieron lugar entre mayo y junio. Oviedo relacionó estas movilizaciones con supuestas estructuras criminales, aunque enfatizó la necesidad de pruebas concretas para respaldar dichas acusaciones.
Ernesto Justiniano, ministro de Defensa, destacó que las protestas pacíficas son permitidas, pero se opone firmemente a cualquier bloqueo que comprometa la libre circulación y el abastecimiento de alimentos y medicinas, así como la seguridad de la ciudadanía. Justiniano subrayó que las intervenciones deben ceñirse a la legalidad vigente.
Las críticas también han surgido a raíz de denuncias de agresiones a miembros de la policía durante episodios anteriores de conflicto. Sin embargo, se hace hincapié en que las responsabilidades individuales y el posible financiamiento irregular de las movilizaciones deben ser confirmados con evidencia concreta, evitando suposiciones antes de que las investigaciones lleguen a su fin.
A pesar de las tensiones, los sectores cercanos a Morales continúan con su plan de movilizarse hacia La Paz. Hasta el 12 de octubre, no se había determinado una fecha exacta para la marcha, mientras que la Policía anunció la implementación de controles en las carreteras y coordinación con las Fuerzas Armadas para prevenir conflictos y asegurar la libre circulación.