El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) ha expresado su descontento por la retención y posterior destrucción de cargamentos de madera boliviana en Chile, calificando este hecho como una "iniquidad". Gary Rodríguez, gerente general del IBCE, ha solicitado que se preserven las cargas que aún están bajo custodia para facilitar peritajes independientes y transparentar la situación.
La controversia se originó en junio, cuando las autoridades chilenas anunciaron la detección de sustancias ilegales en cargamentos de madera que provenían de Bolivia. En total, se identificaron 1.080 toneladas de madera que, según los análisis realizados, contenían principalmente clorhidrato de cocaína y ketamina. Este operativo, que tuvo lugar en los puertos de Arica, San Antonio y Valparaíso, se presentó como la mayor incautación de su tipo en la historia del país vecino.
A medida que el caso avanzaba, la cantidad de contenedores involucrados aumentó a 59, según reportes de medios de comunicación. Desde el inicio de este conflicto, el sector forestal boliviano ha cuestionado la validez de los análisis realizados y ha solicitado que se permita a expertos independientes examinar las muestras.
Impacto económico y reputacional
Rodríguez enfatizó que este problema no solo afecta a las empresas directamente involucradas, sino que también tiene repercusiones en toda la cadena de producción forestal y dañaría la imagen de Bolivia como proveedor en el mercado internacional. "Es indignante el calvario por el que están atravesando los empresarios bolivianos", declaró el ejecutivo.
El impacto económico de la retención de estos contenedores se estima en alrededor de 15 millones de dólares y ha perjudicado la relación comercial de Bolivia con varios mercados. Rodríguez señaló que este efecto negativo se extiende a todas las partes involucradas, incluyendo empresas, productores, transportistas y trabajadores del sector forestal.
El IBCE también alertó que las exportaciones bolivianas de maderas y productos relacionados alcanzaron los 84 millones de dólares en 2023, una cifra inferior a los 127 millones de dólares registrados en 2007. En este contexto, Rodríguez hizo un llamado al Gobierno boliviano para que tome acciones legales y diplomáticas para defender los intereses de los exportadores afectados.
A medida que la situación se desarrollaba, las autoridades chilenas llevaron a cabo la destrucción de parte de los cargamentos retenidos. El 3 de septiembre se incineró el primer contenedor, seguido de otros cinco el 11 de septiembre, sumando un total de seis cargamentos destruidos. A pesar de esto, la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota ordenó, el 21 de septiembre, suspender temporalmente la destrucción de las especies incautadas mientras se resolvían las solicitudes relacionadas.
El caso ha abierto un conflicto que enfrenta dos posturas: la de las autoridades chilenas, que afirman haber detectado sustancias ilegales, y la del sector forestal boliviano, que cuestiona estos resultados y exige la posibilidad de realizar peritajes independientes antes de la destrucción de la evidencia.
"Lo que están haciendo en Chile con las maderas bolivianas es una iniquidad", afirmó Rodríguez, reflejando el sentimiento de frustración del sector por la falta de transparencia en el proceso.
Así, el conflicto continúa abierto, mientras Bolivia busca defender su reputación en el mercado internacional y asegurar la justicia para los afectados por este controvertido caso.