Los efectos de los bloqueos que tuvieron lugar entre mayo y junio aún resuenan en la vida cotidiana de muchas familias bolivianas. Esta situación ha impactado negativamente en la salud, la movilidad y la economía, además de causar la muerte de 22 personas, según reportes de la Defensoría del Pueblo, de los cuales 19 eran ciudadanos ajenos a los conflictos.
El escenario post-bloqueos ha dejado una economía debilitada y una población en creciente vulnerabilidad. De acuerdo con la Encuesta de Hogares 2025 del Instituto Nacional de Estadística, el 44,7% de los bolivianos vive en pobreza por ingresos, y el 16,7% enfrenta pobreza extrema. Esta realidad se complejiza para la clase media, que, a pesar de no estar en la pobreza, carece de recursos suficientes para afrontar nuevas crisis económicas.
El desafío de la juventud y el empleo migrante.
La situación laboral de los jóvenes es otra preocupación que exige atención. Gabriela Ugarte, experta en mediación, enfatiza la importancia de incluir a las nuevas generaciones en los procesos de toma de decisiones que definirán el futuro del país. Un dato revelador es que en el primer semestre de 2026, Chile otorgó 84.717 permisos laborales a bolivianos, lo que representa un 70% del total de permisos concedidos a extranjeros.
El director de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, advierte que los efectos de la crisis trascienden la simple pérdida de empleos. Ha habido un cierre significativo de pequeños negocios y economías familiares. La crisis no solo afecta la cantidad de empleo, sino también la calidad de vida y la sostenibilidad de los hogares.
Para afrontar la creciente inflación y la inestabilidad económica, Núñez plantea que es fundamental fortalecer la capacidad productiva local. Se debe garantizar que los pequeños productores puedan competir de manera justa en un mercado donde los productos importados a menudo son más accesibles. La solución para mitigar la inflación y la pobreza radica en potenciar lo que el país puede producir internamente.
El diálogo, entendido como un proceso estructurado y no como una respuesta improvisada, es clave para evitar futuros conflictos. Ugarte sugiere que se deben establecer condiciones de confianza y preparar a los participantes para abordar los desacuerdos de manera constructiva. Este enfoque incluye trabajar en la reconciliación y la reconstrucción de relaciones dañadas tras episodios de violencia social, así como considerar las necesidades de quienes se verán afectados por las decisiones tomadas en los diálogos.
Finalmente, la corresponsabilidad de todos los actores sociales es esencial para enfrentar la crisis. Esto implica que no solo el gobierno y las organizaciones sociales son responsables, sino también la ciudadanía debe tener un papel activo. La experiencia vivida durante los bloqueos resalta la necesidad de crear mecanismos que permitan anticipar y gestionar los conflictos antes de que escalen a situaciones de crisis.