El acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional implica que los precios de los combustibles en Bolivia deberán ajustarse para reflejar los costos reales, estableciendo una eliminación gradual de las subvenciones a partir del año 2027.
Este pacto incluye un plan de ajuste fiscal que se desarrollará a lo largo de 36 meses, con la intención de reducir el déficit fiscal a un 3,5% del PIB para el año 2029. Se prevé que, entre 2026 y 2029, el país deba implementar un ajuste fiscal equivalente a un 8,5% de su PIB.
Durante el año 2026, los precios de los combustibles se mantendrán sin cambios, pero a partir de 2027, el presupuesto estatal no incluirá recursos para cubrir las subvenciones. Esta transición podría desencadenar tensiones económicas y sociales, por lo que se proponen medidas de apoyo para las comunidades más vulnerables.
El acuerdo no solo aborda la eliminación de la subvención a combustibles, sino que también sugiere la necesidad de un tipo de cambio flexible, restricciones al financiamiento del Banco Central al Gobierno, reducción del gasto público y la reestructuración de empresas estatales que no sean rentables.
El Gobierno ya ha comenzado a implementar cambios en el sistema de precios de combustibles. A través del Decreto Supremo 5652, se estableció la congelación del precio de la gasolina Especial en Bs 6,96 por litro y del diésel en Bs 9,80 hasta enero de 2027, aunque se prevé un ajuste basado en el precio internacional y el tipo de cambio para ese periodo posterior.
La eliminación de la subvención a los combustibles representa un importante cambio en la política económica de Bolivia, donde a partir de 2027, el país deberá adaptarse a un nuevo esquema de precios en un contexto de ajuste acordado con el FMI.
Perspectivas futuras
El camino hacia la eliminación de subsidios implica desafíos tanto económicos como sociales, y es fundamental que el Gobierno implemente estrategias adecuadas para mitigar los posibles impactos negativos en la población.