Complicaciones en la relación entre Estados Unidos y el Gobierno de Rodrigo Paz

Pedro Guasase septiembre 2, 2026 2 min de lectura

La colaboración entre el Gobierno boliviano y la administración estadounidense se ve ahora cuestionada tras la anulación de la visa de Marco Antonio "Tuco" Oviedo, actual ministro de Gobierno. Este acontecimiento es especialmente relevante dado que Oviedo había sido un contacto directo con las autoridades de EE.UU. en temas de seguridad.

En julio, una delegación del Departamento de Estado, liderada por Todd Weiland, llevó a cabo reuniones en Bolivia con Oviedo, así como con otros funcionarios como Ernesto Justiniano y el entonces comandante policial Mirko Sokol. Durante esas visitas, se concretó un acuerdo de cooperación entre ambos países por un monto de 20 millones de dólares destinado a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Por otro lado, el Gobierno de Rodrigo Paz ha establecido grandes expectativas respecto a un acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El 29 de julio, Bolivia alcanzó un acuerdo técnico con el FMI por cerca de 1.900 millones de dólares a un plazo de 36 meses, aunque este acuerdo está sujeto a la aprobación del Directorio del FMI y al cumplimiento de ciertas condiciones previas.

A pesar de la incertidumbre generada por la situación de Oviedo, el Gobierno sostiene que el crédito del FMI está en buen camino. El ministro de Economía, Christian Morales, declaró el 1 de septiembre que ya se ha recibido una aprobación técnica para el préstamo, quedando pendiente únicamente la validación legislativa.

El presidente Paz ha mencionado que los fondos obtenidos del FMI se destinarán a estabilizar el valor del dólar y fortalecer la economía nacional, en lugar de ser utilizados para subsidiar carburantes. La revocación de la visa de Oviedo plantea preguntas sobre si esta acción es un mensaje político hacia el Gobierno o un acto aislado.

Mientras tanto, la aprobación del acuerdo financiero con el FMI sigue siendo un aspecto crucial que el Gobierno debe resolver, dependiendo de la decisión del Directorio del organismo internacional.

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