En Bolivia, tres casos judiciales relevantes han llevado a que cuatro individuos acusados no permanezcan en prisión, a pesar de la seriedad de las investigaciones y del tiempo que han estado bajo detención.
En el caso de Tatiana Marset, esta permaneció 180 días en detención, de los cuales aproximadamente 152 fueron en reclusión, antes de recibir la autorización para cumplir medidas cautelares fuera del penal.
Laura Rojas y Hebert Zeballos, implicados en el caso Maletas, también dejaron el recinto penitenciario luego de estar cerca de seis meses en prisión, continuando su proceso judicial bajo medidas cautelares establecidas por la corte.
Adrián Lema Roca, en el caso Oro, estuvo detenido por 150 días antes de obtener una medida que le permite seguir su proceso en libertad, también bajo condiciones dictadas por las autoridades judiciales.
La situación actualmente plantea un interrogante sobre la implementación de las medidas cautelares en casos de alta gravedad. Aunque los cuatro imputados se encuentran en libertad condicional, esto no implica que hayan sido considerados culpables, lo que suscita cuestionamientos sobre los criterios manejados en sus casos.
Cada uno de estos casos ha sido manejado por distintas autoridades, reflejando la diversidad de criterios en la toma de decisiones sobre la detención domiciliaria y otros tipos de medidas sustitutivas, generando así un debate sobre la justicia y la seguridad en el país.