A través del Reglamento Delegado (UE) 2026/83, la Comisión Europea ha establecido un sistema más riguroso de monitoreo y diligencia debida para las actividades financieras que involucren a entidades bolivianas.
Bruselas ha reconocido que, aunque Bolivia ha hecho progresos en áreas como la identificación de riesgos y en inteligencia financiera, las medidas implementadas aún son insuficientes para resolver las deficiencias estratégicas que se han detectado.
Desde junio de 2025, Bolivia se encuentra bajo vigilancia reforzada por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que añade una capa adicional de supervisión a la situación actual del país en términos de cumplimiento.
Esta nueva clasificación no implica sanciones económicas, bloqueos comerciales o congelamientos de activos, pero sí complica las operaciones financieras. Las entidades bancarias europeas deberán implementar controles más estrictos y recopilar información detallada sobre las transacciones.
Para que Bolivia sea retirada de esta lista, será necesario que el país lleve a cabo reformas significativas, incluyendo el fortalecimiento de las investigaciones y sanciones relacionadas con el lavado de dinero, así como mejorar la supervisión de sectores vulnerables y la transparencia en la información sobre los beneficiarios finales de las empresas.
La reciente clasificación se suma a los desafíos económicos que enfrenta Bolivia, complicando aún más la atracción de inversiones en un contexto de escasez de divisas. La interrogante ahora es cómo esta etiqueta afectará la confianza internacional y el costo de hacer negocios en el país.