En conmemoración del Día Nacional de la Solidaridad con las Víctimas de Agresiones Sexuales, la Defensoría del Pueblo de Bolivia ha revelado que durante el primer semestre de 2026 se registraron 965 denuncias relacionadas con violencia sexual contra menores de edad. Esta cifra resalta la persistencia de este delito en el país y la necesidad urgente de abordar la situación.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, enfatizó que la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes es una de las violaciones más severas a los derechos humanos, afectando no solo su dignidad, sino también su integridad física y psicológica, así como su futuro y desarrollo personal.
Datos proporcionados por el Ministerio Público indican que en 2025 se reportaron un total de 10.816 denuncias por delitos que atentan contra la libertad sexual, de las cuales 2.313 involucraron a infantes y adolescentes. En los primeros seis meses de 2026, las denuncias han continuado en aumento, siendo Santa Cruz, La Paz y Cochabamba las regiones con mayor cantidad de casos.
Callisaya advirtió que muchos de estos incidentes ocurren en el entorno familiar o en círculos cercanos, lo que pone de manifiesto una problemática estructural que requiere respuestas efectivas por parte del Estado. La Defensoría del Pueblo ha subrayado la importancia de implementar medidas preventivas y de protección, tal como lo establece la Constitución Política del Estado y otras normativas nacionales e internacionales.
Entre las iniciativas que la Defensoría ha puesto en marcha para combatir la violencia sexual se encuentran la creación de Mesas Departamentales denominadas “Voces Unidas frente a la Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes”, así como campañas de sensibilización y seguimiento a las obligaciones del Estado en este contexto.
Con el objetivo de mejorar la respuesta ante estos crímenes, Callisaya ha solicitado al Estado que fortalezca el Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente. Esto incluye asegurar respuestas especializadas que eviten la revictimización, así como una investigación y sanción efectivas para los delitos cometidos contra menores.