Estados Unidos ha decidido mantener a Bolivia en la lista de naciones que, según su análisis, no han logrado cumplir con los compromisos internacionales en la lucha contra el narcotráfico. Esta evaluación abarca el periodo de los últimos 12 meses, que incluye tanto el cierre del gobierno de Luis Arce como los inicios de la gestión de Rodrigo Paz.
La postura de Estados Unidos resalta un cambio en su percepción respecto a la nueva administración. A pesar de los problemas de aumento en los cultivos de coca, Washington señala que el actual Gobierno aún no ha tenido tiempo suficiente para implementar cambios significativos en la reducción de los cultivos, los cuales se han incrementado durante la gestión anterior. Además, se menciona que la corrupción sigue siendo un obstáculo en el combate al narcotráfico.
Según el informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Bolivia registró 36.400 hectáreas de coca en 2025, lo que representa un aumento del 7% respecto a las 34.000 hectáreas de 2024. Este crecimiento se ha dado principalmente en el Trópico de Cochabamba, donde los cultivos aumentaron de 14.275 a 17.471 hectáreas, un incremento del 22%. En contraste, en Los Yungas de La Paz, los cultivos cayeron un 4%, de 19.230 a 18.430 hectáreas.
A pesar de la calificación negativa, el informe indica que la cooperación entre Estados Unidos y Bolivia en la lucha contra el narcotráfico ha crecido significativamente. Se destaca la reactivación de la colaboración entre organismos de ambos países para enfrentar la producción ilegal y desmantelar las redes del crimen organizado.
El documento también menciona la extradición de Sebastián Marset a Estados Unidos en marzo de 2026, subrayando este hecho como un ejemplo positivo de la cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Washington ha dejado claro que revisará la situación de Bolivia el próximo año, dependiendo de los avances en la reducción de la producción de drogas y en el combate a la corrupción.
La decisión de incluir a Bolivia en esta lista no implica un corte automático de la asistencia estadounidense. De hecho, la misma evaluación establece que la continuación de la ayuda para Bolivia es considerada “vital para los intereses nacionales de Estados Unidos”, por lo que se aplicará una excepción a pesar de la calificación desfavorable.