El Gobierno de Bolivia ha promulgado un decreto supremo que regula la Ley 1680, enfocándose en ofrecer medidas de protección a los hijos e hijas que han perdido a sus madres debido a feminicidios y otros delitos graves contra la vida.
José Luis Gálvez, vocero presidencial, anunció que uno de los principales beneficios será un bono económico mensual que representa el 20% del salario mínimo nacional para los beneficiarios. Este apoyo económico tiene como objetivo ayudar a las familias afectadas.
Medidas adicionales de apoyo para los menores.
- Los menores de cinco años recibirán un paquete alimentario mensual equivalente al 20% del subsidio de lactancia.
- Tendrán acceso garantizado a servicios de salud.
- Se asegurará su inscripción inmediata en el sistema educativo.
- Si los menores cambian de domicilio, se realizará un traspaso escolar inmediato.
- Se dará prioridad en la consideración de becas para universidades e institutos privados.
Gálvez enfatizó que esta iniciativa busca brindar protección a los menores afectados por la violencia, quienes son considerados los más vulnerables. "La protección de los hijos de las víctimas es fundamental en nuestra política de respuesta a esta problemática", afirmó.
La situación de los feminicidios en el país sigue siendo alarmante, con un total de 66 casos reportados hasta el 6 de octubre de 2023, según la Fiscalía General del Estado. La Paz es el departamento con más incidentes, seguido de Cochabamba y Santa Cruz.
En el 98% de los casos, los autores de estos feminicidios están identificados y, en general, se encuentran en prisión preventiva. Este contexto resalta la necesidad de implementar políticas que protejan a los menores que quedan huérfanos por estas acciones violentas.
Este decreto no solo busca brindar apoio inmediato, sino también establecer un registro de los beneficiarios, asegurando así que las medidas de apoyo lleguen efectivamente a quienes más lo necesitan.