El pasado jueves, el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tomó la decisión de iniciar un procedimiento disciplinario extraordinario contra el FC Barcelona. Esta acción se deriva de una reclamación presentada por el Atlético de Madrid y se centra en la posible violación de las normas deportivas tras los supuestos acercamientos al jugador Julián Álvarez.
El 29 de mayo, el Atlético de Madrid hizo pública una denuncia sobre lo que consideraron una "campaña de acoso" hacia Álvarez, aunque sin mencionar directamente al jugador. En su comunicado, el club mencionó filtraciones y faltas de respeto que se habrían intensificado antes de enfrentar al Barcelona en partidos directos.
En ese entonces, ya era evidente el interés del Barcelona por fichar a Julián Álvarez. A finales de mayo, el club azulgrana propuso una oferta de 100 millones de euros, pagaderos en plazos, por el delantero argentino. Sin embargo, el Atlético dejó claro públicamente que no estaba dispuesto a vender al jugador, haciendo referencia a su cláusula de rescisión de 500 millones de euros.
El 22 de junio, tras un partido de la selección argentina contra Austria en el Mundial 2026, Álvarez expresó que lo mejor sería realizar una transferencia, mencionando su deseo de cumplir su sueño, aunque no especificó a qué club se refería. El día siguiente, el consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, lamentó las declaraciones del jugador y reafirmó que el club no tenía intención de venderlo.
Por su parte, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, comentó el 19 de julio que su entrenador, Hansi Flick, está interesado en el delantero argentino, justificando así la oferta realizada. Sin embargo, Gil Marín fue contundente al afirmar que el Atlético no aceptará ninguna oferta, ya sea de 100, 150 o 200 millones de euros.
El marco legal de este conflicto se encuentra en el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, el cual estipula que los clubes pueden ser sancionados si se determina que han inducido a un jugador a romper su contrato. En caso de confirmarse esta acusación, el Barcelona podría enfrentar restricciones para inscribir nuevos jugadores durante un periodo de dos ventanas de transferencias completas.