Este martes, el exviceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, fue arrestado durante su declaración como testigo en el juicio por los acontecimientos ocurridos el 26 de junio de 2024. Aunque el tribunal decidió que debía permanecer detenido durante un intermedio, finalmente fue liberado,
La situación jurídica de Aguilera se había deteriorado antes de su arresto. La Fiscalía inició una investigación en su contra, acusándolo de presunta tortura y pertenencia a una organización criminal, a raíz de una denuncia presentada por la defensa del vicealmirante Juan Arnez Salvador, quien también está siendo juzgado por la misma asonada.
Esta denuncia sugiere que hubo abusos durante las investigaciones y critica el rol de Aguilera en su época de funciones en el Ministerio de Gobierno y la Policía. Estos hechos lo posicionan en el centro de un proceso que compromete a otros exfuncionarios del gobierno anterior.
Es importante señalar que no se cuenta con evidencia que demuestre que el presidente Rodrigo Paz haya ordenado el arresto de Aguilera o que este acto esté motivado por razones políticas. La decisión fue tomada por el tribunal en el marco de un proceso judicial, y la investigación por tortura fue impulsada por el Ministerio Público.
Este caso abre un debate político sobre las posibles futuras investigaciones de exautoridades. En las últimas semanas, la presión judicial contra antiguos funcionarios se ha incrementado, especialmente en temas vinculados al narcotráfico, la corrupción y los eventos del 26 de junio.
El Gobierno afirma que estas acciones buscan esclarecer responsabilidades, mientras que algunos sectores de oposición y exautoridades han denunciado que hay motivos políticos detrás de estas acciones judiciales.