Recientemente, la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que autoriza un crédito de $us 200,5 millones proveniente del Banco Mundial. Este financiamiento tiene como objetivo principal respaldar diversas iniciativas de protección social en Bolivia.
El diputado José Luis Porcel, quien forma parte de la comisión, comunicó que la propuesta fue discutida y aprobada durante la jornada. Ahora, el siguiente paso es enviar el proyecto a la Cámara de Diputados para su tratamiento legislativo.
Este monto de $us 200,5 millones está alineado con el financiamiento que el Banco Mundial ha asignado para el proyecto denominado Transformación Social y Protección Económica de Bolivia.
Destinos de los recursos aprobados
- Reponer gastos del programa de transferencias sociales PEPE.
- Fortalecer beneficios para sectores vulnerables.
Porcel destacó que estos recursos proporcionarán un alivio significativo a las familias de bajos ingresos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Entre los programas que se beneficiarán se incluyen la Renta Dignidad y el Bono Juana Azurduy, los cuales están dirigidos a apoyar a los grupos más necesitados.
El programa PEPE, establecido como un mecanismo de transferencias económicas, tiene como beneficiarios a personas vinculadas a la Renta Dignidad y a adultos mayores que reciben apoyo sin contar con una jubilación contributiva.
Condiciones del crédito
Porcel también informó que el crédito se otorgará con una tasa de interés aproximada del 5,2%, un plazo de vencimiento de 23 años, y contará con un periodo de gracia de 14 años. El legislador consideró que esta tasa es relativamente aceptable.
Durante la sesión, estuvo presente una representante del Banco Mundial, quien expuso sobre los detalles del financiamiento y reafirmó la intención del organismo de seguir colaborando con Bolivia en el desarrollo de estos programas sociales.
Finalmente, Porcel mencionó que, tras su aprobación en la comisión, el proyecto será enviado a la Cámara de Diputados, donde deberá ser considerado por el pleno para avanzar en su trámite legislativo. Existe la posibilidad de que se modifique el orden del día para tratarlo con mayor urgencia, aunque la decisión final corresponde a la Presidencia de la Cámara Baja.