La noche del miércoles, la Policía detuvo en el aeropuerto internacional de Viru Viru a Roger Mariaca, fiscal general del Estado, y a Alberto Zeballos, fiscal departamental de Santa Cruz. La información fue confirmada por fuentes policiales, aunque se trata de un hecho que aún se encuentra en desarrollo.
La detención se produce en un contexto complicado, ya que solo dos días antes, el Departamento de Estado de Estados Unidos había impuesto restricciones de visa a Mariaca y lo acusó de aceptar sobornos de narcotraficantes para eludir la justicia. En respuesta, el Gobierno boliviano solicitó a Washington información detallada sobre dichas acusaciones.
Por el momento, no se ha ofrecido una explicación oficial sobre por qué se dieron las aprehensiones ni quiénes fueron los responsables de ordenar el operativo. Esto deja abierta la posibilidad de que no haya relación directa entre las acusaciones de Estados Unidos y la detención de los fiscales.
Circulan además rumores acerca de una intervención de la Fiscalía General y de un posible traslado de Mariaca y Zeballos al extranjero. Sin embargo, no hay confirmación oficial sobre estas versiones, y se ha aclarado que no existe un pedido de extradición en curso contra Mariaca.
La situación es crítica para el fiscal general, quien ha rechazado las acusaciones de corrupción y las ha calificado como un intento de presión por parte de Estados Unidos. Las versiones sobre sus vínculos con personas relacionadas al narcotráfico han sido negadas por la Fiscalía, pero no han aclarado si estos antecedentes son la razón de su detención.
A medida que se desarrollan los acontecimientos, queda la expectativa sobre el futuro de Mariaca y Zeballos, ya que los detalles sobre su situación legal y los posibles pasos a seguir serán cruciales para entender el contexto de sus aprehensiones.