Gabriel Rodríguez, analista económico, ha expresado su preocupación ante la reciente eliminación de la subvención al diésel, afirmando que las nuevas políticas del Gobierno generan consecuencias desiguales para los sectores más necesitados y el empresariado. Este análisis surge tras el anuncio del presidente Rodrigo Paz, quien estableció un nuevo precio para el combustible de Bs 17,95 por litro.
Rodríguez argumenta que los sectores populares recibirán un apoyo limitado a través de bonos, un aumento en el salario mínimo, créditos y medidas fiscales. Sin embargo, resalta que Bolivia enfrenta una alta informalidad laboral, superior al 80%, lo que significa que una gran parte de los trabajadores no se beneficia de un eventual incremento del salario mínimo.
En oposición a esta situación, el especialista sostiene que el sector privado y el agroindustrial cuentan con más recursos para sobrellevar el aumento en el precio del combustible. Estas herramientas incluyen acceso a créditos preferenciales, la eliminación de aranceles para ciertos insumos productivos y ventajas fiscales ofrecidas por el Gobierno.
El Gobierno ha anunciado un paquete de medidas que incluye hasta Bs 800 millones en créditos a una tasa de interés del 6%, la eliminación de aranceles para productos específicos y una extensión de 120 días para el perdonazo tributario, lo que contrasta con la situación de los sectores más vulnerables.
Además, el Ejecutivo argumenta que estas medidas buscan mitigar el efecto de la eliminación del subsidio, ofreciendo el Bono PEPE II a más de 2,9 millones de personas y aumentando el subsidio Juancito Pinto de Bs 200 a Bs 300, junto con programas de empleo e inversión.
Rodríguez concluye señalando que estas nuevas políticas trasladan una mayor carga del ajuste económico a los sectores populares, mientras que favorecen al empresariado. Es importante aclarar que estas observaciones forman parte de su análisis personal y no constituyen un estudio oficial sobre el impacto de las medidas.