Un reciente análisis ha puesto en tela de juicio las medidas económicas implementadas por el Gobierno de Rodrigo Paz, tras anunciarse el fin de la subvención al diésel. Según este estudio, el impacto real de las medidas sería solo del 17% en beneficio de los sectores populares, un cálculo que resulta de promediar la efectividad asignada a diez diferentes políticas económicas.
Las políticas evaluadas incluyen el Bono Pepe 2, el aumento del Juancito Pinto a 300 bolivianos, la Renta Dignidad a 500 bolivianos, bonos para familias sin aportes, un salario mínimo de 3.300 bolivianos, créditos productivos, un perdonazo tributario, un plan de enlosetado, la importación privada de diésel y la devolución de depósitos en dólares. Muchas de estas medidas están efectivamente en marcha, según declaraciones del Gobierno.
- Bono Pepe 2: 20%
- Juancito Pinto: 5%
- Renta Dignidad: 30%
- Bonos para familias sin aportes: 15%
- Aumento del salario mínimo: 10%
- Créditos productivos: 25%
- Perdonazo tributario: 5%
- Plan de enlosetado: 45%
- Desregulación de la importación de diésel: 10%
- Devolución de depósitos en dólares: 5%
El análisis sostiene que, aunque el Gobierno ha presentado estas medidas como un esfuerzo por redistribuir los recursos liberados por la eliminación de la subvención, no compensarán el aumento de costos en el transporte y alimentos, ni el impacto en los ingresos de las familias de bajos recursos. Además, muchos de los beneficios son temporales o están limitados a grupos específicos.
Organizaciones de adultos mayores han expresado que la Renta Dignidad de 500 bolivianos es insuficiente frente al creciente costo de vida. Esta opinión, aunque válida, representa una evaluación particular y no un análisis exhaustivo de la efectividad de las medidas implementadas.
El debate surge en un contexto en el que el Gobierno ha decidido que el diésel se comercialice a precios internacionales, eliminando así la subvención. Desde el Ejecutivo se argumenta que este cambio permitirá liberar recursos para inversión, protección social y producción, mientras que sectores críticos advierten sobre el posible debilitamiento del poder adquisitivo de la población.