La fuga de dos reclusos brasileños considerados de alta peligrosidad desde el penal de Palmasola ha provocado un intenso debate sobre la actual situación de la seguridad ciudadana en Bolivia.
Según el informe oficial, los internos lograron escapar aprovechando un corte de energía que dejó vulnerable al recinto. Investigaciones preliminares indican que utilizaron una pata de cabra para cortar el enrejado del PC-6 y forzaron los candados de una torre de seguridad. Posteriormente, descendieron utilizando una cuerda hecha con sábanas.
Durante las labores de búsqueda posteriores a la fuga, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) encontró un revólver calibre .38 en los alrededores del penal, lo que podría indicar un posible plan premeditado.
El gobernador del penal, Juan Carlos Corrales, admitió que el establecimiento enfrenta múltiples desafíos, como el hacinamiento, la obsolescencia de sus instalaciones y la falta de personal capacitado para custodiar a los internos más peligrosos.
En respuesta a esta situación, la Policía puso en marcha un amplio operativo que incluye helicópteros, patrullas y motocicletas, con el objetivo de recapturar a los evadidos. Además, tanto el Ministerio Público como la Policía han comenzado una investigación para determinar si hubo complicidad de funcionarios en este escape.
Este incidente se suma a una serie de actos violentos recientes en Santa Cruz, lo que ha elevado las alarmas sobre el avance del crimen organizado en el país y ha intensificado el debate sobre la capacidad del Estado para asegurar la seguridad de sus ciudadanos y el control de los centros penitenciarios.