Este miércoles, en la ciudad de Sucre, se llevó a cabo la firma del Acuerdo 001/2026, que da inicio a la Agenda 50/50. Este acuerdo tiene como objetivo principal la mejora en la distribución de recursos y la gestión fiscal de las gobernaciones, así como la modificación del régimen tributario.
Uno de los puntos más relevantes del acuerdo es la creación de una mesa técnica especializada que se encargará de desarrollar un proyecto de Ley Especial de Coparticipación y Distribución de Recursos Fiscales. Se espera que este proyecto genere consensos durante la actual gestión legislativa y que el nuevo esquema entre en funcionamiento a partir del año fiscal 2027.
Además, se contempla la evaluación de distintas estrategias para aumentar la autonomía fiscal de las gobernaciones. Esto incluye la posibilidad de reclasificar bases imponibles que actualmente están bajo la gestión del nivel central, así como la creación de nuevos tributos en el marco de la Constitución. Las gobernaciones también tendrán la opción de aplicar sobretasas y modificar la Ley 154 sobre la clasificación y definición de impuestos. El plazo para la elaboración de este proyecto es de 90 días.
En lo que respecta a la gestión presupuestaria, se acordó revisar las regulaciones que limitan el uso presupuestario en los departamentos. Se buscará eliminar gradualmente las disposiciones que financian obligaciones del nivel central o relacionadas con entidades que ya no existen. Asimismo, se buscarán mecanismos que permitan a las gobernaciones definir con mayor autonomía la estructura de sus presupuestos, aunque el control de los agregados fiscales seguirá en manos del Gobierno nacional.
El acuerdo también aborda la necesidad de revisar las normativas que han restringido las competencias de los gobiernos departamentales, así como ajustar las transferencias fiscales basadas en criterios de sostenibilidad y equidad territorial.
Por último, la Agenda 50/50 propone facilitar la formación de alianzas público-privadas, modificar la Ley 699 para mejorar las relaciones internacionales de las gobernaciones y examinar la posibilidad de transferir instituciones públicas para su gestión a nivel departamental. También se contempla la implementación de medidas de alivio financiero, tales como la reprogramación o el diferimiento de obligaciones económicas.
El Gobierno nacional se compromete a proporcionar la información técnica necesaria a las entidades territoriales, mientras que las gobernaciones aportarán propuestas consensuadas. Además, se programarán reuniones con municipios y autonomías indígena originario campesinas para integrar estos acuerdos en el futuro Gran Acuerdo Nacional para las Autonomías.