Ramiro Vega, abogado defensor del exasesor presidencial argentino Fernando Cerimedo, reveló que ha presentado pruebas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que demostrarían que el Fiscal General, Roger Mariaca, tenía conocimiento sobre denuncias relacionadas con vuelos irregulares asociadas al tráfico de sustancias controladas en el departamento del Beni.
Vega señaló que esta información también era conocida por un "operador de Fiscalía de La Paz" y cuestionó la decisión del Ministerio Público de iniciar una investigación contra Cerimedo, a pesar de que este ya había denunciado el uso ilegítimo de su nombre y del ministro de Gobierno, Antonio Oviedo, en operaciones relacionadas con aeronaves en la región.
La Fiscalía del Beni ha abierto una investigación sobre la supuesta protección a vuelos irregulares en el municipio de Santa Ana del Yacuma. El fiscal departamental Alexander Mendoza informó que la indagación podría extenderse a otros particulares o funcionarios públicos si surgen nuevos elementos.
En un video difundido en redes sociales, Vega expuso que existe una denuncia formal presentada por Cerimedo en el sistema judicial que menciona cómo se estaba utilizando su nombre y el del ministro Oviedo en relación a las avionetas en Beni, una situación que, según él, no ha sido abordada por la Fiscalía.
Acusaciones de manipulación política y miedo por represalias
El abogado afirmó que tiene elementos que sustentan la idea de que el caso contra Cerimedo fue "fabricado" y que un testigo clave, que podría clarificar el origen de una nota encontrada en el celular de su defendido, se encuentra prófugo.
Vega amplió sus acusaciones, sugiriendo que el proceso judicial contra Cerimedo podría ser parte de un juego político más amplio. Aseguró que la situación es un intento de desestabilización por parte de actores que buscan restaurar el poder de la izquierda en Bolivia, a la que describe como una "izquierda narco".
El abogado también ha solicitado a la CIDH medidas de protección para Cerimedo, argumentando que su defendido enfrenta presiones de autoridades, entre ellas el vicepresidente Edmand Lara, quien, según él, ha asistido a audiencias para influir en jueces y fiscales.
Vega expresó su preocupación por su propia seguridad y la de su familia, así como por la de otros abogados que defienden a Cerimedo, alegando que ha recibido amenazas y responsabilizando al Fiscal General y a otros fiscales por ello.
El proceso investigativo sobre los vuelos irregulares en Beni continúa en curso y la Fiscalía ha indicado que convocará a personas que puedan aportar información adicional. Hasta el momento, no ha habido pronunciamiento oficial por parte de la Fiscalía General de Estado respecto a las acusaciones realizadas por el abogado.