Nadia Beller, abogada y activista, ha denunciado que a pesar de la resolución de la Fiscalía General del Estado que elimina su custodia policial, sigue siendo objeto de seguimiento y hostigamiento por parte de la Policía. En su declaración, Beller carga la responsabilidad sobre el presidente Rodrigo Paz, el ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo y otros funcionarios relacionados con la seguridad pública.
En una columna publicada el domingo 1 de noviembre, Beller reveló que el Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz fue notificado el 30 de octubre sobre la resolución que anulaba la protección permanente. Sin embargo, la activista asegura que la vigilancia por parte de la Policía ha continuado sin cesar, lo que ella considera un acto ilegal de acoso.
La resolución emitida por la Fiscalía, identificada como FGE/DPVT MMP/RES N.º 0001043/2026, claramente instruye la eliminación de la custodia, pero Beller afirma que este mandato no ha sido respetado. "La Policía continúa persiguiéndome y acosándome ilegalmente", declaró la abogada, criticando además a la Fiscalía por no aplicar su propia decisión.
Beller expresó su indignación al señalar que las instituciones que deberían salvaguardar su bienestar ahora se han convertido en agentes de intimidación. Por ello, demanda que se detenga el hostigamiento policial y que las autoridades asuman la responsabilidad por lo que considera una violación de sus derechos.
Contexto del ataque armado
Esta situación ocurre más de dos meses después de que Beller fuera víctima de un ataque a balazos el 17 de agosto, cuando dos hombres en motocicleta la interceptaron cerca de un hotel en Santa Cruz. La abogada sufrió varios disparos y requirió cirugía debido a las heridas.
La Fiscalía abrió una investigación por tentativa de feminicidio, teniendo como principal sospechoso a Fernando Cerimedo, un consultor argentino con quien Beller tenía una relación. Se han solicitado medidas de detención y la Justicia ha determinado una reclusión inicial de 180 días mientras se llevan a cabo las indagaciones necesarias.
A finales de agosto, se emitieron tres órdenes de aprehensión adicionales contra otros involucrados en el ataque, lo que refleja la complejidad del caso. A pesar de la protección que tenía tras el atentado, Beller ahora denuncia que, aunque la Fiscalía ordenó retirar la custodia, el acoso policial persiste, comprometiendo su seguridad y derechos.
"¿Quién responde por esta violencia institucional? ¿Quién va a garantizar mis derechos cuando las propias instituciones del Estado los vulneran?", cuestionó Beller en su columna. La abogada enfatiza que no se quedará callada y exige el cumplimiento de la resolución de la Fiscalía, así como una investigación a los funcionarios mencionados en su denuncia, que hasta el momento no han emitido respuesta alguna.