Javier Zabaleta, quien se desempeñó como ministro de Defensa, desestimó las acusaciones de un supuesto daño económico que superaría los Bs 1.478 millones en el caso relacionado con la instalación de radares en Bolivia. Según su versión, la mayoría de los equipos actualmente operan correctamente en diversos aeropuertos del país.
Durante su declaración, Zabaleta manifestó su disposición a presentarse ante las autoridades si es requerido, asegurando que "si van a querer meterme a la cárcel, vamos a ir, pues vamos a ir". Estas afirmaciones se enmarcan en una investigación acerca de irregularidades en la adquisición e implementación de sistemas de radar durante su gestión.
El exministro detalló que el sistema de radar incluye más de 20 sitios dedicados a la comunicación y vigilancia. Sin embargo, expresó su preocupación por la falta de claridad por parte del Ministerio de Defensa respecto a los equipos que no operan, cuestionando si las fallas se deben a sabotajes, problemas técnicos o defectos de fabricación.
A pesar de no haber recibido notificación alguna para declarar, Zabaleta se mostró colaborativo con la investigación y consideró que el proceso tiene tintes políticos. Aseguró que, de haber detectado irregularidades durante su gestión, habría tomado medidas inmediatas para detener el proyecto y denunciar los hechos.
Zabaleta defendió con firmeza la implementación del sistema de radares, al mismo tiempo que rechazó las acusaciones de daño económico. Sin embargo, sus declaraciones serán contrastadas con los informes técnicos y administrativos que forman parte de la investigación en curso.
Por último, el exministro advirtió que no tolerará exigencias de pagos irregulares por parte de fiscales o policías a cambio de trámites relacionados con el caso. La investigación sigue su curso y las autoridades competentes determinarán la existencia de irregularidades y eventuales responsabilidades.