Luisa González, quien se postuló a la presidencia en dos ocasiones, ha sido encarcelada desde hace una semana en la prisión de Riobamba, en la provincia de Chimborazo. Su arresto se produjo en la madrugada del jueves anterior, y se fundamenta en acusaciones de lavado de activos, aunque muchos de sus seguidores y algunos legisladores señalan que se trata de una persecución política por parte del actual gobierno de Daniel Noboa.
El grupo de asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC) organizó una manifestación en la Asamblea Nacional, donde mostraron carteles en sus curules para expresar su rechazo a lo que consideran un "secuestro" de su compañera. Guido Mendoza, uno de los legisladores, denunció que esta situación representa "una semana de injusticia y atropello a la libertad de Luisa González", haciendo un llamado a la comunidad a estar atenta.
El asambleísta Héctor Rodríguez también se pronunció sobre el asunto, calificando el caso Laberinto, por el cual se encuentra bajo investigación González, como un ejemplo de "persecución y cobardía autoritaria". Rodríguez afirmó que los intentos del gobierno por acallar a la oposición no tendrán éxito.
Frente al Palacio de Carondelet, en Quito, un grupo de mujeres se congregó en la Plaza de la Independencia para exigir la liberación de la excandidata presidencial. Este acto de protesta refleja un creciente descontento entre los seguidores de González y la población en general, quienes demandan el respeto a los derechos políticos.
El abogado de Luisa González, Diego Guarderas, ha señalado que ha presentado una apelación contra la prisión preventiva de su cliente, buscando que se revise la decisión que mantiene a la dirigente opositora tras las rejas.