Los abogados de Sebastián Marset, detenido en Bolivia y extraditado a Estados Unidos, han presentado una impugnación respecto al registro de un teléfono celular que fue incautado en Santa Cruz de la Sierra. Solicitaron al juez federal Rossie Alston Jr. que retrase cualquier análisis del dispositivo hasta que se aclare la forma en que el Gobierno estadounidense lo obtuvo y los métodos utilizados para extraer su información.
En su solicitud, los abogados alegan que el teléfono fue enviado por las autoridades bolivianas a la DEA en abril, pero no apareció en la documentación judicial hasta finales de julio. Además, indican que no fueron informados a tiempo acerca de la existencia del dispositivo, que podría contener datos cruciales para su defensa. La falta de un informe contemporáneo sobre la cadena de custodia también ha sido objeto de cuestionamiento.
Según la defensa, agentes de la DEA habrían extraído información del teléfono sin una autorización judicial, basándose en el argumento de que Marset había consentido previamente a la revisión de otros dispositivos. La defensa pone en duda la validez de este consentimiento para justificar el procedimiento aplicado al celular en cuestión.
La Fiscalía estadounidense sostiene que Marset utilizaba cuatro teléfonos móviles para gestionar cuentas de criptomonedas que suman aproximadamente 4 millones de dólares. Sin embargo, los abogados de Marset buscan que el juez revise cómo fue obtenida y procesada la información antes de admitir el uso del celular como prueba en el juicio.
Las disputas legales en Estados Unidos se producen en medio de investigaciones en Bolivia, donde se indagan posibles conexiones entre exfiscales, policías y Marset, así como la manipulación indebida de objetos hallados en propiedades vinculadas al uruguayo. Estos casos han llevado a la detención de varios funcionarios bolivianos relacionados con el narcotráfico.
La situación legal de Marset, arrestado el 13 de marzo de 2026, también ha suscitado interrogantes sobre la jurisdicción de la Justicia estadounidense y la validez de los cargos en su contra, que incluyen narcotráfico y lavado de dinero. El juez Alston tendrá que decidir sobre las mociones de la defensa antes del 6 de noviembre, lo que podría influir en los cargos y pruebas que se presenten en el juicio programado para principios de 2027.