El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, ha afirmado que Bolivia posee recursos hidrocarburíferos, pero que se enfrenta a una crisis de inversión para su adecuada exploración y explotación. Según Aramayo, las administraciones pasadas fueron responsables de esta caída en la producción.
Durante su declaración, Aramayo culpó a las gestiones anteriores de haber ahuyentado a las empresas que estaban dispuestas a invertir en el país. Aseguró que la falta de confianza de los inversionistas ha sido un factor determinante en la disminución de la producción de gas.
"Los inversionistas se cansaron de que se les genere incertidumbre y de que se los extorsione", expresó Aramayo, enfatizando la necesidad de recuperar la confianza de los empresarios en el sector de hidrocarburos.
Ante esta situación, Bolivia se ha visto obligada a buscar alternativas en el extranjero para asegurar su suministro de combustible. El 26 de octubre, el presidente Rodrigo Paz, junto a su gabinete, aprobó el Decreto Supremo 5755, que permite la importación de Gas Natural (GN) y Gas Natural Licuado (GNL).
La importación de estos combustibles será excepcional y estará dirigida a personas naturales y jurídicas, tanto del sector público como privado, para el consumo propio o la generación de electricidad.
Un informe del Growth Lab de Harvard, publicado en abril de 2026, señala que en 2024, el 66% de la electricidad boliviana fue generada a partir de gas natural. Sin embargo, el mismo estudio revela que la producción de gas ha disminuido drásticamente, pasando de 59,6 millones de metros cúbicos diarios en 2014 a 27,3 millones en 2025, lo que representa un descenso del 54,2%.
Este contexto plantea un importante reto para el país, no solo en términos de asegurar la energía necesaria para su desarrollo, sino también en la urgencia de recuperar la inversión y la confianza en el sector hidrocarburífero boliviano.