El fiscal departamental, Jimmy Fernando López, ha anunciado que una comisión compuesta por fiscales superiores está considerando la posibilidad de convocar a Félix Gerardo Balderas Arteaga y Julio César Porras Velarde. Ambos exfuncionarios fueron desvinculados de la institución tras detectarse diversas irregularidades en su labor.
Durante la revisión de los despachos de Balderas y Porras, se identificaron múltiples casos de desatención en los procesos judiciales, así como la eliminación de información relevante de los equipos electrónicos que ellos utilizaban.
López aclaró que la desvinculación de los exfiscales ocurrió el 20 de octubre, antes de que se hiciera pública una lista de restricciones migratorias del gobierno estadounidense que incluía sus nombres. Aseguró que la decisión se llevó a cabo debido a los antecedentes y las irregularidades observadas en sus funciones.
El fiscal departamental explicó que la comisión está verificando si corresponde tomar acciones adicionales contra los exfuncionarios, aunque aún no se ha determinado en qué calidad serían convocados. 'La evaluación se realizará en los próximos días', indicó López.
Una de las preocupaciones manifestadas por López se relaciona con la manipulación de datos en los equipos electrónicos, ya que se encontró información que había sido eliminada, lo que ha complicado la reconstrucción de algunas investigaciones.
López subrayó que la desvinculación de los exfiscales no tiene relación con la lista que publicó Estados Unidos. Esta acción fue parte de un proceso de reestructuración interno del Ministerio Público, que busca abordar las irregularidades detectadas en la administración anterior.
En medio de estos cambios, se ha nombrado a Ruddy Parada como nuevo fiscal coordinador de la Unidad de Sustancias Controladas de Santa Cruz, un cargo que previamente ocupaba Porras.
Este proceso de revisión es parte de un esfuerzo más amplio para fortalecer la integridad y la eficiencia del sistema judicial en Bolivia, en el cual se están identificando responsabilidades administrativas y penales en función de las irregularidades observadas.