Paola Aguirre, quien ocupa el cargo de gobernadora en suplencia de Santa Cruz, hizo un llamado a los diputados Rafael López, del partido Alianza Libre, y Rolando Pacheco, de Alianza Popular, para que se aparten de sus funciones y se sometan a las investigaciones judiciales tras ser incluidos en la lista de restricciones de visa impuesta por Estados Unidos.
La gobernadora mencionó que esta medida afecta a un total de 40 ciudadanos bolivianos, entre los que se encuentran no solo legisladores, sino también jueces, fiscales y exautoridades. Aguirre destacó la relevancia de que estos funcionarios respondan ante la justicia para asegurar la transparencia en el ejercicio de sus funciones.
Críticas a las instituciones bolivianas
Aguirre argumentó que las restricciones impuestas por Estados Unidos evidencian un deterioro institucional en Bolivia, señalando que entidades que deberían prevenir y sancionar delitos han sido infiltradas por organizaciones criminales y la corrupción. Incluyó en sus críticas al Órgano Judicial, al Ministerio Público y a otras instituciones como el Servicio General de Identificación Personal y la Unidad de Investigaciones Financieras.
La funcionaria también hizo hincapié en que estas instituciones deben ser investigadas y reformadas para prevenir su uso indebido por parte de redes delictivas.
Aguirre propuso que la decisión de Estados Unidos puede servir como catalizador para la implementación de investigaciones más profundas y cambios necesarios en el sistema judicial de Bolivia, sugiriendo que la justicia debería actuar a raíz de estas situaciones.
"Estas listas han tenido que llegar para que la justicia en nuestro país actúe".
Así, con su llamado, Aguirre invita a una reflexión sobre la ética en el desempeño de la función pública y la necesidad de un sistema judicial que opere con independencia y transparencia.