El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra dio luz verde a la Ley de Regularización Tributaria, una normativa que pretende beneficiar a aquellos ciudadanos que han vendido sus vehículos, pero que siguen siendo considerados propietarios en los registros oficiales, lo que les genera deudas tributarias.
La ley surge ante la necesidad de resolver la situación de quienes, a pesar de haber vendido sus automóviles hace tiempo, continúan figurando como dueños y enfrentan obligaciones fiscales por vehículos que ya no les pertenecen. Esto puede llevar incluso al congelamiento de sus cuentas bancarias.
Detalles de la Ley de Regularización Tributaria
La presidenta del Concejo Municipal, Luisa Nayar, destacó que esta legislación busca liberar a los antiguos propietarios de responsabilidades fiscales por bienes que ya no tienen en su posesión. "Cuando una persona transfiere su vehículo pero el nuevo comprador no realiza el cambio de nombre, el antiguo propietario continúa siendo responsable de los impuestos", explicó Nayar.
Nayar también enfatizó que esta medida no solo es necesaria, sino urgente, ya que muchos ciudadanos se ven perjudicados por la inacción de los nuevos propietarios en el proceso de cambio de titularidad. Hizo un llamado a quienes se encuentren en esta situación para que acudan a la Alcaldía y realicen el trámite de regularización correspondiente.
Es importante mencionar que, aunque la ley ha sido aprobada por unanimidad en el Concejo Municipal, aún se requiere la promulgación por parte del Ejecutivo Municipal para que entre en vigencia. Una vez formalizada, se dará inicio al proceso para atender a aquellos que siguen teniendo deudas por vehículos ya vendidos.
La nueva normativa pretende que las obligaciones tributarias sean asumidas por los compradores de los vehículos, de modo que los antiguos propietarios puedan estar libres de preocupaciones económicas relacionadas con automóviles que ya no poseen.
Esta legislación representa un avance significativo en el ámbito tributario y busca proporcionar una solución justa para aquellos que han visto afectada su economía debido a trámites no realizados por terceros.