Los allegados de más de 1.200 niños y adolescentes que han quedado huérfanos debido a feminicidios han expresado su preocupación respecto a la Ley 1680, afirmando que esta norma podría ofrecer apoyo únicamente a 64 de ellos.
La situación fue denunciada el miércoles, generando cuestionamientos sobre los criterios establecidos en la ley para determinar quiénes son beneficiarios de la misma. Los familiares exigen que se revisen estos criterios para evitar que otros menores en circunstancias similares queden excluidos.
Este reclamo resalta la urgente necesidad de asegurar una protección integral que contemple no solo apoyo económico, sino también asistencia social y psicológica para los menores afectados por la violencia de género.
Es crucial que el verdadero alcance de los beneficios que brinda la ley y la cantidad de personas elegibles se confronten con el texto legislativo y estadísticas oficiales, pues la denuncia de los familiares no sustituye a esta verificación necesaria.