El narcotráfico vuelve a ser un tema de preocupación para las instituciones bolivianas, ya que se presentan múltiples casos que plantean serias interrogantes. Por un lado, Dorian Badani, el viceministro de Lucha Contra el Narcotráfico, ha solicitado a Samuel Doria Medina que aporte pruebas sobre presuntos pagos que habrían permitido el paso de avionetas cargadas con droga. Por otro lado, en Chile se llevan a cabo investigaciones sobre un cargamento de madera boliviana, que se sospecha podría contener drogas.
Badani exigió a Doria Medina que entregue información a la Fiscalía, subrayando la gravedad de sus afirmaciones, que implicarían a funcionarios públicos en el tráfico de drogas. Esta solicitud surge tras una entrevista en la que Doria Medina mencionó que, durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo, se cobraban aproximadamente 50.000 dólares por cada avioneta con carga de cocaína, cifra que habría aumentado en la actualidad a entre 70.000 y 80.000 dólares.
Doria Medina reveló que alertó al presidente Rodrigo Paz sobre esta situación, aunque no quiso dar a conocer su fuente, manteniendo que se trata de una conversación privada. Esta denuncia plantea interrogantes sobre la posible existencia de redes de protección para el narcotráfico dentro del gobierno.
Investigaciones y consecuencias legales
Las acusaciones de Doria Medina coinciden con las recientes revelaciones sobre Fernando Cerimedo, un exasesor presidencial argentino que se encuentra en prisión por tentativa de feminicidio y enriquecimiento ilícito, y cuyas declaraciones han generado nuevas indagaciones sobre vínculos entre funcionarios públicos y el narcotráfico. El exfiscal general, Roger Mariaca, fue aprehendido en este contexto, lo que ha desatado críticas sobre la integridad de las instituciones que deben combatir el crimen organizado.
En otro frente, se investiga un cargamento de madera boliviana que fue incautado en Chile, con la sospecha de que podría contener alrededor de 100 toneladas de drogas. La próxima audiencia judicial en este caso está programada para el 29 de octubre, y se espera que permita avanzar en la investigación sobre la carga y las diligencias realizadas por las autoridades chilenas.
Los acontecimientos en torno al narcotráfico plantean una necesidad urgente de que las denuncias se traduzcan en acciones concretas. La audiencia en Chile y la información que Doria Medina pueda aportar son pasos cruciales para esclarecer esta situación, que afecta no solo a las instituciones, sino también a la confianza en el comercio exterior boliviano.