El presidente Rodrigo Paz firmó la Ley N.º 1780, que tiene como propósito asegurar que los pacientes con cáncer o enfermedades terminales puedan acceder a pasajes aéreos, tanto nacionales como internacionales, para recibir tratamiento médico en otras ciudades.
Este beneficio será aplicable a aquellos pacientes que presenten un certificado expedido por la autoridad de salud más cercana. Además, se contempla la posibilidad de que los pacientes sean acompañados por un cuidador, y en el caso de menores de edad, se les permitirá hasta dos acompañantes.
La ley busca facilitar el traslado de estos pacientes mediante la colaboración de aerolíneas tanto públicas como privadas, quienes deberán asegurar los espacios necesarios en sus vuelos.
Las aerolíneas tienen la responsabilidad de proporcionar condiciones adecuadas para el viaje de los pacientes, garantizando el confort y cuidados necesarios durante el traslado. Además, deberán emitir los boletos con suficiente anticipación a la fecha del tratamiento médico, evitando la negativa injustificada en la emisión de pasajes.
Para acceder a estos pasajes, los pacientes deberán presentar un certificado médico que puede ser físico o digital, emitido por hospitales acreditados, nacionales o en el extranjero. Este documento no requerirá trámites complicados para su validación, ya que la autoridad de salud deberá procesarlo rápidamente.
Adicionalmente, la ley establece beneficios fiscales para las aerolíneas que ofrezcan estos pasajes solidarios, permitiendo que el costo de los boletos se considere un gasto deducible para el cálculo del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE). Sin embargo, los beneficiarios deberán hacerse cargo del Impuesto a las Salidas Aéreas al Exterior (ISAE) y otros impuestos vigentes.
Finalmente, la norma contempla sanciones para aquellas aerolíneas que no cumplan con las disposiciones establecidas. En caso de que se detecten irregularidades en los certificados médicos, se enviarán los informes pertinentes al Ministerio Público para que se inicien acciones legales.
El Ministerio de Obras Públicas, en conjunto con el Ministerio de Salud y Deportes, tiene un plazo de 30 días desde la publicación de la ley para elaborar la reglamentación necesaria para garantizar su correcta implementación.