La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en un elemento central en la campaña política de Estados Unidos, donde tanto demócratas como republicanos están integrando su influencia ante las elecciones legislativas de medio mandato. Esta situación ha suscitado un fuerte recelo entre la ciudadanía, especialmente en un contexto donde la industria tecnológica está realizando enormes aportes financieros para promocionar sus intereses durante la contienda.
A pesar de que las preocupaciones más urgentes de los votantes siguen girando en torno a la inflación y el costo de la vida, la presencia de la IA y los centros de datos ha convertido este tema en un punto de tensión local. Un sondeo realizado por CBS News revela que el 52% de la población estadounidense sostiene que los modelos de IA podrían causar daño a las personas, y un 68% expresa temor ante su utilización por parte de actores malintencionados.
La instalación de centros de datos para el funcionamiento de estos sistemas ha generado un notable rechazo entre los ciudadanos, dado su alto consumo de recursos como agua y electricidad. Según un estudio de AP-NORC, cerca del 60% de la población apoya la idea de restringir la construcción de tales instalaciones.
Nicholas Reese, analista y académico de la Universidad de Nueva York, señala que el desarrollo de la IA ha evidenciado una desconexión entre el sector tecnológico y las políticas gubernamentales, reflejando un panorama 'caótico'. A su juicio, la falta de alineación entre la industria y el gobierno complica la regulación de esta tecnología, que ha sido calificada de tan avanzada que no puede ser divulgada públicamente.
A pesar de que la IA no es vista como una de las principales preocupaciones del electorado, las divergencias en las políticas relacionadas con esta área generan inquietud. Entre los legisladores, la postura sobre la regulación de la IA y los centros de datos se ha vuelto un tema divisivo. Por ejemplo, el demócrata John Hickenlooper, candidato a la reelección en el Senado por Colorado, ha solicitado auditorías independientes de estos sistemas, mientras que el republicano Jay Obernolte, que busca renovar su escaño en California, advierte que una regulación excesiva podría frenar la innovación.
En distritos clave como Ohio, Wisconsin y Maine, los candidatos de ambos partidos han comenzado a acusarse mutuamente de favorecer la instalación de centros de datos, lo que ha convertido este asunto en un tema sensible. En Ohio, la demócrata Amy Acton aboga por una moratoria en la construcción de estos centros hasta que se establezcan garantías adecuadas, mientras que el republicano Vivek Ramaswamy propone suspender nuevos proyectos hasta que se aprueben normas que protejan a las comunidades y al medioambiente.
Esta polarización se refleja también en la postura de otros candidatos. Ken Paxton, aspirante al Senado por Texas, también está a favor de imponer restricciones, distanciándose así de la visión de Donald Trump, quien defiende el desarrollo de la IA como una clave en la competencia tecnológica con China. Sin embargo, hay republicanos que apoyan abiertamente el avance de esta tecnología, como Jay Feely, candidato por Arizona a la Cámara de Representantes.
En medio de esta controversia, los comités de acción política vinculados a empresas como OpenAI y Anthropic han destinado más de 55 millones de dólares en las primarias parlamentarias para asegurar el apoyo de candidatos o neutralizar a aquellos que se oponen a sus agendas. Gran parte de estos fondos se ha utilizado en anuncios que evitan mencionar la IA o los centros de datos, centrándose en mensajes más tradicionales sobre la creación de empleo y la seguridad.
Reese advierte que, si no se aprovecha la actual oportunidad para establecer salvaguardias y garantías, un eventual fallo técnico significativo en los próximos años podría convertir a la IA en el eje del debate en las elecciones presidenciales de 2028.