En un pronunciamiento contundente, el gobernador cruceño Juan Pablo Velasco exigió la intervención militar en la frontera entre Santa Cruz y Brasil, específicamente en las localidades de San Matías, Ascensión de la Frontera y Las Petas. La solicitud surge ante una preocupante ola de violencia que ha dejado cinco muertes en tan solo 48 horas.
A través de un mensaje publicado el martes, Velasco pidió al Ministerio de Defensa implementar la militarización de la frontera y solicitó la emisión de un Decreto Supremo que regule el uso de armas para los efectivos militares, además de eximirlos de responsabilidad penal mientras cumplan con su deber.
El gobernador se reunió previamente con representantes del Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana, así como con miembros de la Policía y del Ejército, para discutir los recientes actos de sicariato y vandalismo que han marcado la actualidad de la región, resaltando que la situación no solo pone en riesgo a las familias cruceñas, sino que también daña la imagen del departamento a nivel internacional.
Velasco expresó su preocupación por la inseguridad que viven los ciudadanos, destacando que la violencia persiste incluso en momentos críticos, como el estado de excepción vigente, en el que se han reportado asesinatos a pocos metros de donde se encontraban autoridades nacionales y departamentales.
En un compromiso hacia el fortalecimiento de la seguridad, el gobernador anunció la convocatoria al Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana en las próximas semanas para aprobar un nuevo Plan Departamental de Seguridad. Este plan tiene como objetivo centralizar información, fomentar investigaciones y coordinar acciones con el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
Además, se prevé la creación de un Centro Departamental de Comando, Control e Inteligencia Preventiva, que integrará tecnología como mapas del delito y drones, y se vinculará con las municipalidades, la Policía y la Fiscalía para mejorar la respuesta ante la criminalidad.
Finalmente, Velasco anunció la presentación de un Proyecto de Ley para la implementación de la Notificación Roja en Bolivia, lo que permitiría a las fuerzas del orden proceder con la detención preventiva de los solicitados mientras se gestiona su extradición. Al finalizar, insistió en la necesidad de que los recursos generados en los departamentos se queden en estos para asegurar el bienestar de la población en áreas como seguridad, salud y educación.