La denuncia penal fue interpuesta por el Ministerio de Defensa y abarca a 19 individuos, entre ellos los exministros Reymi Ferreira, Javier Zabaleta, Luis Fernando López y Edmundo Novillo. El caso está vinculado a la contratación y ejecución del Sistema Integrado de Defensa y Control de Tránsito Aéreo (SIDACTA).
Según la información oficial, además de los exministros, la denuncia también incluye a antiguos funcionarios, responsables técnicos y representantes de la empresa contratista involucrada en el proyecto.
El proyecto, que contemplaba la instalación de un total de 13 radares de vigilancia civil y militar, presentó resultados dispares. Una auditoría reveló que solo dos de los radares estaban operativos sin observaciones, mientras que otros nueve funcionaban pero con observaciones y dos no estaban en funcionamiento.
Ernesto Justiniano, actual ministro de Defensa, destacó que el contrato original fue firmado en 2016 con la empresa francesa Thales, con un plazo de ejecución de 31 meses. No obstante, las primeras pruebas del sistema se llevaron a cabo 82 meses después de la firma del contrato, y se aprobaron siete modificaciones al mismo.
La Procuraduría General del Estado se comprometió a respaldar las acciones legales y anunció que pedirá al Ministerio Público la investigación de los hechos. Además, se busca la anotación preventiva de los bienes de los denunciados para proteger el patrimonio del Estado boliviano. Es importante señalar que la denuncia presentada no implica una condena por sí misma, y las responsabilidades serán determinadas durante el proceso judicial.
La presentación de la denuncia no equivale a una sentencia condenatoria.