Evo Morales, líder del Movimiento al Socialismo, cuestionó la decisión del gobierno de Rodrigo Paz de aceptar la colaboración de expertos internacionales para mejorar la labor del Ministerio Público. Dicha cooperación incluye la participación del llamado "Escudo de las Américas" y del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Forenses, lo que Morales considera una injerencia de Estados Unidos en el sistema judicial boliviano.
A través de sus redes sociales, Morales afirmó que este "sometimiento" del gobierno a intereses externos es evidente, ya que el fiscal general interino, José Armando Urioste, solicitó la intervención de entidades estadounidenses. Esta afirmación está relacionada con las pesquisas que involucran a exfuncionarios del Ministerio Público, como el exfiscal general Roger Mariaca y el consultor argentino Fernando Cerimedo.
Por su parte, Urioste defendió la decisión de buscar apoyo internacional, señalando que la Fiscalía atraviesa una crisis institucional. Indicó que esta estrategia tiene como objetivo fortalecer las investigaciones y revisar el funcionamiento del sistema ROMA, ante denuncias sobre accesos irregulares.
No debemos lealtad a nadie (…) le debemos lealtad a la ley”, subrayó Urioste, enfatizando la necesidad de restaurar la institucionalidad del Ministerio Público.
La controversia surge en un contexto complicado, marcado por la detención de Mariaca y las investigaciones contra varios exfuncionarios. No obstante, hasta el momento no se ha confirmado que se hayan transferido facultades judiciales a organismos estadounidenses, ya que la cooperación solicitada se limita a asistencia técnica.