En una declaración reciente, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, enfatizó que este es el momento ideal para comenzar una profunda reforma en el sistema judicial, un proceso que ha estado pendiente por años. Esta urgencia se intensifica luego de la destitución del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, quien se encuentra detenido y acusado de supuesta complicidad en actividades vinculadas al narcotráfico.
Paz hizo un llamado a diversas instituciones y actores clave, incluyendo al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, así como a legisladores, fiscales, universidades, organizaciones sociales y la ciudadanía en general, para que se unan en una "convocatoria" que busque transformar la justicia en el país.
Durante un acto que celebró la designación de José Armando Urioste como fiscal general interino, el presidente expresó que "este momento será el más difícil y complicado para Bolivia, pero es nuestro momento". Al dirigirse a Urioste, lo instó a implementar cambios significativos dentro de la Fiscalía tras la remoción de Mariaca.
La detención de Mariaca se produjo el miércoles anterior y está ligada a acusaciones del Gobierno sobre su supuesta creación de una red delictiva para proteger al "narcoterrorismo", con conexiones a Sebastián Marset, un presunto narcotraficante uruguayo, antes de asumir el cargo en 2024.
Además, esta situación se agrava por la inclusión de Mariaca en una lista del Gobierno de EE.UU. que revocó su visado, alegando que es un individuo "corrupto" que ha socavado a gobiernos democráticos. La reforma judicial en Bolivia ha sido un tema debatido desde la restauración de la democracia en 1982.
A lo largo de los años, especialmente durante el mandato de Evo Morales (2006-2019), se intentó avanzar en la modernización del sistema judicial, incluyendo la elección de magistrados a través del voto popular, aunque con serias críticas sobre la transparencia de dichos procesos en 2011 y 2017, los cuales se vieron marcados por un alto número de votos nulos y en blanco.
En los comicios judiciales de 2024, no se logró completar la elección de siete altos cargos en el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional, debido a diversas impugnaciones planteadas por candidatos inhabilitados. Las crisis políticas, especialmente la de 2019, que derivó en la renuncia de Morales, reavivaron el debate sobre la necesidad de una verdadera reforma judicial.
El actual Gobierno de Luis Arce (2020-2025) ha intentado en varias ocasiones implementar reformas judiciales, convocando a expertos en el tema, aunque estos esfuerzos no han tenido éxito debido a limitaciones presupuestarias y falta de consenso.