Martín Daniel Irusta Flores, fiscal superior, se encuentra actualmente recluido en el centro penitenciario de Patacamaya tras ser detenido por su presunta implicación en narcotráfico y legitimación de ganancias ilícitas. Su detención preventiva ha sido fijada en 180 días y ha generado una serie de reacciones en el ámbito judicial, especialmente ante la acusación de que hay una estructura delictiva infiltrada en el sistema de justicia.
La aprehensión de Irusta ocurrió el 30 de septiembre de 2026, un hecho que también involucró la captura de otros funcionarios, entre ellos el exfiscal general Roger Mariaca y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos. Las autoridades judiciales han indicado que este caso representa una organización criminal en el ámbito de la justicia boliviana.
Irusta, quien fue abogado del expresidente Evo Morales, asumió su cargo como Fiscal Superior en febrero de 2026. Sin embargo, su nombramiento fue objeto de críticas debido a antecedentes investigativos. En diciembre de 2024, la Policía lo interceptó en La Paz mientras intentaba adquirir un vehículo de lujo, lo que suscitó alertas sobre su situación financiera.
La defensa de Irusta interpuso una acción de libertad que fue rechazada por la Sala Constitucional Tercera de La Paz, argumentando que la comunicación de su aprehensión a un juez se realizó con un retraso de 16 horas, superando el límite legal de ocho. Asimismo, buscaban prevenir su posible extradición, alegando que el proceso judicial era forzado.
El caso ha tenido repercusiones internacionales, con el Departamento de Estado de los Estados Unidos revocando o limitando las visas de Irusta y otros implicados. Aparte de Irusta, las autoridades han detenido a un total de 14 personas en relación a esta investigación, cada una enfrentando también detenciones preventivas de 180 días.
La situación de Irusta ha puesto de manifiesto la problemática del narcotráfico en el país y su conexión con instituciones del estado, lo que ha llevado al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, a señalar que este caso evidencia una "organización criminal enquistada en la Justicia" que busca proteger redes de narcotráfico.