En un reciente informe, la Defensoría del Pueblo ha constatado que las fiscalías departamentales en Bolivia están funcionando de manera normal, cumpliendo con su rol en la atención a la ciudadanía. Las verificaciones se llevaron a cabo en todo el país, incluyendo la ciudad de Santa Cruz, donde los fiscales y su equipo de apoyo han estado activos en el desarrollo de sus funciones.
Este monitoreo se realizó luego de que el exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, fuera aprehendido bajo acusaciones de formar parte de una organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas, según informó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. Otras aprehensiones incluyen al exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballo, y al fiscal superior, Martín Irusta, así como a varios funcionarios de la misma institución.
La Defensoría subrayó que la autonomía del Ministerio Público es esencial no solo para el correcto funcionamiento del sistema judicial, sino también para proteger los derechos de todas las personas involucradas en procesos legales. La continuidad en la atención y el acceso a la justicia es prioritaria para esta entidad.
Ante las actuales circunstancias, la Defensoría del Pueblo exhortó a las autoridades competentes a implementar medidas adecuadas que respeten el marco legal vigente, promoviendo la transparencia y la seguridad jurídica. Asimismo, hicieron un llamado a los actores públicos para que actúen con responsabilidad y cautela, evitando cualquier interferencia en el trabajo del Ministerio Público.
Finalmente, la Defensoría se comprometió a seguir de cerca la situación para asegurar la defensa de los derechos humanos y el respeto al Estado Constitucional de Derecho, enfatizando que toda investigación debe llevarse a cabo con imparcialidad y en cumplimiento de las garantías constitucionales.